El Gobierno municipal llevará este viernes al Pleno un acuerdo declarativo para instar a la Comunidad Autónoma que inicie los trámites pertinentes
Con esta medida, el Gobierno municipal busca que se controlen los precios de los alquileres y garantizar así el acceso a la vivienda de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria
Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta del Ayuntamiento para paliar la situación de la vivienda en el municipio, en la que también se incluye el compromiso de construir 1.000 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler
Las Palmas de Gran Canaria, viernes 26 de abril de 2024.- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitará al Gobierno de Canarias la declaración de la capital como zona tensionada para regular los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía. El Gobierno municipal llevará este viernes esta petición al Pleno ordinario, mediante un acuerdo declarativo, y posteriormente, se instará al Ejecutivo canario que inicie los trámites correspondientes.
El Gobierno municipal da este paso con el objetivo de que se establezcan las medidas incluidas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Gobierno de España, para controlar los precios de los alquileres, pues corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda.
Así, a través de la proposición que llevará el Gobierno municipal este viernes al Pleno se instará al Gobierno de Canarias a iniciar el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en Las Palmas de Gran Canaria y que se proceda, previa elaboración de una memoria, a la situación de mercado residencial tensionado.
Asimismo, entre los acuerdos que contempla la proposición del Gobierno de la ciudad se encuentra la redacción de un plan específico que ha de proponer las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo, y se aplique el índice de precios de referencia que prevé la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
Índice de precios de referencia
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó recientemente las resoluciones por las que se aprueba el nuevo índice de precios de referencia para limitar los precios de los alquileres. Este mecanismo ofrece un rango de valores para las rentas del alquiler que operará en zonas declaradas tensionadas en dos situaciones: cuando el propietario sea gran tenedor, o cuando se trate de una vivienda que no haya estado en alquiler en los últimos 5 años.
Así, la aplicación del índice de referencia de precios va a permitir luchar contra la especulación que se produce en el mercado del alquiler, que impide destinar menos del 30% de los ingresos para pagar la vivienda, así como aumentar la oferta de vivienda a un precio asequible. No obstante, para que se pueda aplicar, es necesaria la declaración de zonas tensionadas, que tienen que establecer las comunidades autónomas.
Así, el acuerdo declarativo, impulsado por la alcaldesa, Carolina Darias, junto con el primer teniente de alcaldesa y la segunda teniente de alcaldesa, Pedro Quevedo, y Gemma Martínez Soliño, recoge que “se puede concluir que existen circunstancias que determinan que nuestro municipio se encuentra en el rango de zonas tensionadas, según legislación, por coincidencia de la media municipal en los dos supuestos reglados para el concepto de zona tensionada: crecimiento en el precio del alquiler y porcentaje del presupuesto familiar destinado a vivienda superior al 30%”.
La alcaldesa, Carolina Darias, explica que “con esta iniciativa, el Gobierno de la ciudad da un paso decisivo para seguir mejorando la vida de la gente y para dar respuesta a una de las demandas más importantes que viene realizando la ciudadanía: el acceso a la vivienda digna. Uno de las principales líneas en las que estamos trabajando desde el Gobierno de progreso de Las Palmas de Gran Canaria”.
Por su parte, Pedro Quevedo, señala que “la dificultad de acceso a la vivienda por una parte importante de la población, la más vulnerable, implica que las instituciones públicas debemos intervenir”. En este sentido, apunta que, “la declaración de zonas tensionadas en la capital es el primer paso para poder actuar sobre la cuestión del precio de los alquileres, las políticas públicas y privadas para mejorar el acceso a la vivienda y el alquiler vacacional, un fenómeno que ha demostrado que es dañino cuando no está regulado”.
Gemma Martínez Soliño afirma que “cuando hay un gobierno progresista al mando de la ciudad se toman en cuenta y se escuchan los problemas de la ciudadanía y está claro que la vivienda es uno de los problemas más complicados y más graves que tienen los vecinos y vecinas. Creo que el Ayuntamiento se está moviendo, está respondiendo, pero esto es sólo un primer paso, hay otra serie de medidas que se tienen que ir tomando y lo vamos a seguir haciendo por ejemplo en los temas de vivienda vacacional. Este Ayuntamiento actúa y lo va a seguir haciendo”.
Esta de una de las medidas que impulsa el Ayuntamiento para paliar el problema de la vivienda en el municipio. En este sentido, uno de los compromisos del Gobierno municipal es construir en la ciudad más de 1.000 viviendas en régimen de alquiler.