Hacienda amplía el plazo de las medidas de alivio fiscal para los empresarios y autónomos palmeros

 

El vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, firmó este jueves la orden para ampliar hasta el 30 de junio las autoliquidaciones del IGIC y el AIEM del primer trimestre de este año

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó el pasado jueves la orden por la que se amplía el plazo de determinadas medidas de alivio fiscal para los empresarios y autónomos de La Palma hasta el próximo 30 de junio.

La ampliación da respuesta a las demandas planteadas por las federaciones empresariales palmeras, según precisó hoy Rodríguez, quien recordó que las figuras impositivas amparadas en la orden son el IGIC y el AIEM.

La orden, que entrará en vigor con efecto retroactivo al 1 de abril, permite la presentación de las autoliquidaciones correspondientes al primer trimestre de 2022 hasta el 30 de junio, cuando en condiciones normales se tendrían que haber presentado hasta el 20 de abril.

Rodríguez subrayó que la ampliación procurará liquidez a las empresas y autónomos palmeros, puesto que ellos ya han cobrado el IGIC pero no tendrán que realizar las declaraciones hasta mediados de año, en tanto se normaliza la situación y puedan llegar la totalidad de las ayudas comprometidas por las administraciones.

La orden firmada por el consejero forma parte del amplio paquete de activado por Hacienda para aliviar la carga fiscal de los contribuyentes palmeros y, especialmente, de los afectados por la erupción volcánica.

A las ampliaciones de plazo se suman también dos decretos-ley sobre medias tributarias excepcionales para la reconstrucción de viviendas, tanto en suelo rústico como urbano, que descargan la presión fiscal para los damnificados, con la práctica eliminación de impuestos.

El vicepresidente insistió en la pertinencia de estas medidas específicas y “quirúrgicas” de alivio fiscal, frente a bajadas generalizadas de impuestos, “que lo único que producen es una quiebra de los servicios públicos fundamentales y del Estado del Bienestar”.

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