Santa Cruz de Tenerife, 22 feb (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha reiterado este martes ante el pleno del Parlamento que el ejecutivo mantendrá «la presión» para que el Ministerio de Hacienda autorice la ampliación del plazo a 2022 para que empresarios y profesionales puedan materializar sin coste fiscal los beneficios consignados a la reserva de inversiones (RIC) de 2017.
Esa ampliación de plazos «daña poco a las arcas españolas», dijo Rodríguez en referencia a los 20 millones de que costaría, pero contribuye a la economía canaria en un momento en que aún está afectada por la pandemia y por los efectos de la erupción volcánica, aunque «tampoco es la revolución», matizó.
Rodríguez, que contestó a una pregunta sobre este asunto del diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, matizó que la negativa del Ministerio a esta petición del Parlamento y del Gobierno de Canarias no supone ningún incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF).
No obstante, igual que en 2020 se autorizó ampliar a 2021 la materialización de la RIC de 2016, el Gobierno de Canarias entiende que las circunstancias económicas avalan que el Ministerio sea flexible y vuelva a autorizar la extensión del plazo de la RIC de 2017.
Ricardo Fernández de la Puente consideró que el veto del Gobierno de España a las enmiendas presentadas en las Cortes para la ampliación de este plazo es «el enésimo feo a Canarias y a este Parlamento», puesto que las circunstancias económicas son las mismas que el año pasado y esas inversiones son necesarias para generar empleo y actividad económica.
El vicepresidente Román Rodríguez contestó también en el pleno una pregunta de la diputada de Nueva Canarias Esther González sobre la gestión de los fondos europeos.
Rodríguez detalló que, por el momento, a Canarias le corresponden 630 millones de euros de los fondos React EU, destinados a proteger el sistema económico y los servicios públicos, y oros 1.335 millones del mecanismo de recuperación que ha repartido el Estado entre las comunidades autónomas. EFE